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El Gobierno evalúa ‘remezón legal’ en hidrocarburos

La Paz•Siete proyectos de decreto supremo y cinco de resoluciones ministeriales, que modifican o reglamentan la normativa aprobada desde 2005 para el gas y el petróleo, están en evaluación en el Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

La normativa propuesta “está enfocada en hacer más eficiente la gestión, responder las reservas, mantener el nivel de producción y atraer inversiones que permitan ampliar la frontera exploratoria”, de acuerdo con información del Ministerio de Hidrocarburos.

En el primer grupo están siete proyectos que tienen que ver con áreas reservadas, uso de gas, unidades de trabajo, tareas de reconocimiento, pago de regalías y participaciones, patentes petroleras e incentivos para la búsqueda de petróleo crudo y gas natural.

El primero modifica el Decreto 2830 (de julio de 2016), que reglamenta la aplicación de incentivos en el marco de la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (de diciembre de 2015).

El segundo cambia los decretos 29130 (de mayo de 2007), que regula la asignación de áreas reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); el 28420 (de octubre de 2005), que reglamenta la devolución, selección y retención de áreas; y el 28398 (de octubre de 2005), de nominación y licitación de áreas para exploración y explotación.

El tercero y el cuarto modifican los decretos 28312 y 28311 (de agosto de 2005), que regulan la quema de gas y el uso de gas combustible, respectivamente; y el Decreto 28393 (de octubre de 2005), que ordena las unidades de trabajo para la exploración.

El quinto y el sexto, respectivamente, reglamentan el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos (de mayo de 2005), sobre actividades de reconocimiento superficial; y el artículo 11 de la Ley 769 (de diciembre de 2015), que establece los lineamientos para la conciliación de saldos por pagos anticipados de regalías y participaciones.

El séptimo cambia el Decreto 2567 (de octubre de 2015), cuyo objetivo es mejorar y hacer más eficientes los procesos de distribución de patentes petroleras.

La información completa se publica en la edición impresa de La Razón de este lunes.

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