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Repatriación de bolivianos: entre la estigmatización y el vuelo humanitario

El 25 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez anunció el endurecimiento de las restricciones por la propagación del nuevo coronavirus en el país y la ampliación de la cuarentena hasta el 15 de abril. Una de las medidas dictadas fue el cierre total de fronteras.

En su habitual discurso de anuncios sobre la emergencia sanitaria que sufre el país desde el 10 de marzo, cuando aparecieron los dos primeros casos, la mandataria sentenció: “Nadie entra, nadie sale, salvo por razones de seguridad y salud”, dijo entonces.

Esa determinación fue puesta a prueba el 27 de marzo cuando un grupo de 70 residentes bolivianos en Chile pidieron al Gobierno se rescatados de Huara, localidad chilena a dos horas de la frontera con Pisiga, Bolivia.

“Mientas viajábamos de Santiago a Iquique nos enteramos con sorpresa de las últimas medidas del gobierno de Jeanine Áñez, en las que dispone el cierre de fronteras”, decía parte del documento conocido por La Razón.

Cuando el número creció y luego de que el grupo fuera interceptado por Carabineros de Chile, el problema se hizo mayor. La canciller Karen Longaric anunció el 29 de marzo que viajaría a Pisiga junto al ministro de Defensa, Fernando López, para “acompañar” el ingreso de los bolivianos a territorio nacional.

Al día siguiente, la misma ministra dijo la repatriación se había suspendido y que, al contrario, se ratificaba el cierre de fronteras.

Mientras, el grupo de bolivianos comenzó a impacientarse y denunció su situación, aunque el Gobierno dijo que prepara ambientes para una eventual repatriación.

El sábado 4 de abril la administración de Jeanine Áñez intentó aplacar la ola de críticas con la recepción de 480 bolivianos en lo que llamó campamento “Tata Santiago”, en Pisiga.

Además de las denuncias de malas condiciones en el refugio fronterizo, la crisis migratoria se acentuó el martes cuando otro grupo, de 300 bolivianos, se sumó a la demanda de ingreso al país desde Colchane, en Chile. Un amago de enfrentamiento con militares en plena frontera crispó la situación.

En medio de ese conflicto, se informó de un “vuelo solidario” de 36 bolivianos también desde Chile. Su situación no era misma que los 480 en cuarentena y de los 300 de Colchane.

Unos sí, otros no

Por más de una semana, el grupo de 480 reclamó su retorno al país. Cuando se les permitió el ingreso, inmediatamente fueron recluidos en carpas en Pisiga, en razón del protocolo de previsiones de la emergencia sanitaria en el país.

El grupo de 36 bolivianos que llegó el miércoles a Santa Cruz y Cochabamba respectivamente no tuvo mayores problemas ante las restricciones anunciadas por Áñez el 25 de marzo.

La Cancillería del Estado se encargó de aclarar su situación. “El retorno al país de 36 compatriotas se está facilitando por razones humanitarias. Ellos se encontraban en Chile por tratamiento médico en diferentes hospitales y contrataron una aeronave Ecojet para que los recoja; por lo tanto, pagarán el costo total de la aeronave”, explicó en un comunicado

Situación de salud

Hasta este jueves, los 480 bolivianos en cuarentena en Pisiga solo recibieron atención médica en la toma de temperatura, según contó este jueves a La Razón Mónica Quijua, integrante del grupo.

Consultada sobre si tomaron pruebas de COVD-19 al grupo, dijo que no. “Ninguna prueba de sangre ni de saliva”.

En su intercesión por el grupo ante el gobierno de Áñez, al que consideró tozudo e indolente, el general de Ejército de Chile Guillermo Paiva, jefe del “estado de catástrofe” en la región de Tarapacá, dijo que los bolivianos están sanos.

“Les digo nuevamente, esta gente es sana; autoricen que ingresen a su país”, insistió el 30 de marzo.

En el caso de los 36, la Cancillería informó que ellos hicieron el compromiso de guardar cuarentena, “a pesar de haber realizado los exámenes de COVID-19 en Chile, con el resultado negativo para todos ellos”.

Ellos guardan cuarentena en diferentes hospedajes de Santa Cruz y Cochabamba.

Infiltrados y enfermos

Ante las denuncias de malas condiciones en el campamento “Tata Santiago”, el jefe nacional de Migración, Marcel Rivas, consideró que en el grupo hay infiltrados del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Este extremo fue rechazado por el grupo de repatriados en un comunicado. “Director de Migraciones, no busque infiltrados donde lo único que hay es gente que pide lo básico para pasar la cuarentena”.

En el caso de los bolivianos del “vuelo solidario”, la Cancillería dijo son enfermos, que estuvieron en tratamiento el Chile y que pagaron los costes de su viaje y su alojamiento en cuarentena.

Reacciones

La situación de los bolivianos en la frontera y en el campamento hasta generó repercusiones en Chile. El alcalde de Colchane, Javier García, dijo que puso en conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el caso y consideró que la situación de quienes quieren volver al país se trata de una “tragedia humanitaria”.

La respuesta este jueves del ministro de Justicia, Álvaro Coímbra fue: “Me imagino que el alcalde de ese municipio es del MAS, primero.  Segundo, ya hemos emitido ayer (miércoles) un decreto para regular el ingreso de los bolivianos”.

Su colega de Gobierno, Arturo Murillo, dijo el miércoles que el Gobierno identificó a “35 activistas mezclados” en el movimiento de Colchane y que incluso el MAS pagó Bs 300 por ellos.

En el otro extremo, el expresidente y exembajador de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltzé lamentó la crisis en la frontera. “El Estado debe acoger a nacionales que vuelven a su país, habilitar recintos de cuarentena (cuarteles) y apoyar retorno a sus comunidades de origen (buses y BOA) SIN DISCRIMINACION NI VIOLENCIA!”, escribió en Twitter.

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