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Gobierno elimina reinado de generales políticos y la imposición del CUSEP en las FF.AA

De Acento.com.do

Por JULIÁN HERRERA 

El presidente Abinader devolvió al Ministerio de Defensa la facultad de designar a los oficiales que considere capaces y convenientes.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, rompieron con la injerencia que anteriores directores del Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (CUSEP) ejercían en las instituciones de las Fuerzas Armadas, en su provecho.

Con el nombramiento del general Celin Rubio Terrero en el CUSEP, anteriormente llamado Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y sus instituciones se liberaron de las imposiciones que ejercían los directores de esa entidad, sobre las decisiones que tomaban los mandos militares.

Abinader dejó sin efecto todos decretos que nombraron a oficiales en las entidades militares, como los cuerpos especializados, en la administración anterior, y devuelve al Ministerio de Defensa la facultad de designar en esas posiciones a quienes considere capaces y convenientes.

Los pasados directores vulneraron el mandato de la Ley (139-13) Orgánica de las Fuerzas Armadas que refiere el Artículo 35 que el ministro de Defensa es la más alta autoridad del sistema de defensa designado por el presidente de la República para administración de los cuerpos armados. Añade el artículo que, para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, se auxiliará del Estado Mayor General, y, además, de las direcciones y dependencias necesarias para el buen funcionamiento del Ministerio.

En los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los nombramientos de oficiales en puestos medios de las Fuerzas Armadas se hacían mediante decretos presidenciales sin consultar al ministro de turno. Esta práctica estaba dirigida por los directores del CUSEP para controlar posiciones.

Las Fuerzas Armadas sufrieron los embates de la injerencia de sectores civiles y militares que vulneraron la institucionalidad de los cuerpos armados, y crearon crisis entre grupos de oficiales por el control de las entidades castrenses.

Los presupuestos militares, (más de 32 mil millones cada año) fueron un botín que se repartían entre las instituciones y entidades controladas por estos grupos representados por los directores de turno del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia, y la estructura militar montada por Alexis y Milcíades Medina Sánchez, hermano del ahora expresidente Danilo Medina.

Estos generales fueron más allá sus atribuciones, que conforme al Artículo 56 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, se limitan a garantizar la seguridad y protección personal del presidente y vicepresidente (a) de la República y sus familiares directos, además, de los expresidentes y exvicepresidente, dignatarios y jefes de Estado extranjeros que visitan el país.

A la llegada del actual ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Diaz Morfa, y los comandantes Generales Julio Ernesto Florián Pérez del Ejército RD, Ramón Gustavo Betances, de la Armada RD y Leonel Muño Noboa, de la Fuerza Aérea RD, estos con rango de mayor general, han tenido que iniciar un proceso de adecuación de las entidades militares conforme a su Ley orgánica y reglamentos internos.

A los generales del Ejercito RD Belisario Héctor Medina y Medina y Adán Cáceres Silvestre, exdirectores del entonces Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, se les atribuye responsabilidad por dividir a la alta oficialidad de las FF.AA. en dos grandes grupos de oficiales: “los generales de Leonel y los generales de Danilo.”

Las Comandancias Generales, y en su momento el propio Ministerio de Defensa, estuvieron controladas a través de terceros por estos oficiales; que decidían desde designaciones hasta asignaciones presupuestarias para las entidades que apadrinaban.

Al menos así lo considera una parte de la oficialidad militar, quienes aseguran que ambos generales se convirtieron en “mandamás” en las instituciones castrenses, desde el Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia.

La injerencia de estos directores contraviene el referido Artículo 56 de la normativa militar que establece en el párrafo 111 “El personal del Cuerpo de Seguridad Presidencial se regirá por un Reglamento especial aprobado por el presidente de la República, previa recomendación del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas (…)”. Esto lo coloca en una posición subordinada al alto mando militar.

Los hermanos Medina

Para mayor desgracia, en 2012 se sumaron a ese escenario Alexis y Milcíades Medina, hermanos del entonces presidente Danilo Medina, quienes hicieron peor daño a la instituciones militares cuando crearon una estructura de coroneles y generales que dirigieron durante (2012-2020) los cuerpos especializados, la inteligencia militar y áreas financieras de las Fuerzas Armadas.

Tanto Alexis como Milcíades Medina llegaron a controlar parte de los nombramientos y designaciones en el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea. Es secreto a voces en el ambiente militar que los hermanos Medina también llegaron a incidir en la distribución y montos de los presupuestos asignados a las entidades que controlaban a través de altos oficiales.

Alexis Medina guarda prisión en la cárcel de Najayo y enfrenta acusaciones del Ministerio Público por delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y asociación de malhechores.

Mientras, Milcíades Medina fue sometido a la Justicia la pasada semana por trabajo realizado y no pagado y otras imputaciones supuestamente cometidas a través de sus empresas Winslok Trading Company SRL e Inversiones Logosier, SR.

Los tentáculos de los generales Medina y Cáceres

Tal era poder de los generales Medina y Medina y Adán Cáceres Silvestre, el primero durante los últimos seis años de los mandatos de Leonel Fernández, y el segundo en los ocho de Danilo Medina, que hasta parte de las operaciones de compras, contrataciones y realizaciones de obras estuvieron controladas por ellos a través de militares de su entera confianza.

Incluso, se afirma, que muchas de las compañías que suplían de insumos y servicios a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respondían a sus intereses o eran operadas por personas vinculadas.

Medina bajo lupa de EE.UU y Cáceres en la Pepca

El mayor general Cáceres Silvestre enfrenta acusaciones de presuntos actos de corrupción, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito en la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por ilícitos que habría cometido durante los ocho años que estuvo al frente del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República.

Para los fiscales investigadores este oficial deberá explicar en la justicia el origen de la fortuna acumulada en los ocho años como director del referido organismo. Con un sueldo bruto de 200 mil pesos mensuales, pudo adquirir bienes como los nueve solares en Colinas del Este valorados en RD$40 millones; una empresa avícola en la provincia de Monte Plata; una granja porcina, así como varias empresas de bienes raíces y de construcción entre otros bienes muebles e inmuebles millonarios.

En tanto, al mayor general Medina y Medina, vinculado a Leonel Fernández, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le canceló el visado de ingreso a esa nación, aplicando la Ley Magnitsky, que castiga la corrupción gubernamental, tráfico humano, narcotráfico y otros delitos conexos.

Para estos casos, los EE. UU. aplican también la sección (f) de la Ley de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, emanada por el US Patriot Acta, (una ley federal) que “suspende el ingreso a ese país de personas que han cometido, participado o se han beneficiado de la corrupción en el desempeño de sus funciones públicas (…).”

Medina y Medina fue el brazo derecho militar del entonces presidente Leonel Fernández durante los últimos seis años de sus mandatos (2004-2012); llegó a tener el control en las decisiones de los mandos militares, policiales y hasta en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Sobre las relaciones del entonces presidente Fernández con los militares, los embajadores estadounidenses Hans Hertell y Robert Fannin relataron en los informes enviados el Departamento de Estado (2005.2008) y revelados por Wikileaks, que el presidente Leonel Fernández les dijo que las Fuerzas Armadas de República Dominicana eran “corruptas”, pero que él creía que si destituía a los jefes militares corruptos podría ser depuesto como gobernante.

El general Medina y Medina nunca ha sido sometido o investigado en el país por actos de corrupción, sin embargo, se le atribuye una gran fortuna en bienes muebles e inmuebles que no se corresponden con sus ingresos lícitos como militar.

Sobre todo, o casi todo

Los tentáculos de estos dos influyentes generales de los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012-2020), alcanzaron, además, otras instituciones como la Policía Nacional (PN) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entidades en las que lograron designar parte de su estructura militar y policial en posiciones claves de áreas operativas y financiera.

“Cada día iban por más. Montaron una estructura que controlaba todas las operaciones financieras de estas instituciones, y quien se oponía era destituido del cargo y reemplazado por otro oficial, que casi siempre pertenecían al Cuerpo de Ayudante Militares,” refiere una fuente consultada por acento.

También incidían en los ascensos

La lista de ascensos del Palacio, como se le llamaba, se hacía al margen de las recomendaciones de las tres instituciones militares (la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea) en febrero de cada año.

Las promociones a través del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia fueron aprovechadas por funcionarios, legisladores y dirigentes políticos para recomendar a oficiales de sus afectos que, en la mayoría de los casos, no reunían las mínimas condiciones para promoverlos de rangos. Lo que, a juicio de los expertos, creó una distorsión en los grados militares que hoy las nuevas autoridades tratan de resolver

 

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