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Violación a los derechos de las mujeres sigue siendo un dolor de cabeza de República Dominicana

Aunque aceptaron recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, legisladores no han actuado

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- A pesar de aceptar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las autoridades no aprobaron la legislación integral contra la discriminación y los derechos de las mujeres que las organizaciones de la sociedad civil llevan años exigiendo.

Así lo ha manifestado el informe 2020/21 de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

En el informe se destacó que las mujeres sometidas a discriminación por múltiples motivos interrelacionados, como las mujeres transgénero y las mujeres cisgénero de bajos ingresos, seguían sufriendo discriminación para acceder a empleos formales, y muchas continuaban vendiendo sexo como principal fuente de ingresos.

Tras la aplicación del toque de queda nocturno en marzo, muchas trabajadoras sexuales transgénero perdieron la posibilidad de trabajar y se encontraron con dificultades para pagar el alquiler y sin acceso a protecciones sociales fundamentales, como una serie de servicios de salud, según la ONG Transsa.

Aunque las autoridades pusieron en marcha programas de asistencia económica para personas trabajadoras, quienes se dedicaban al trabajo sexual enfrentaron obstáculos al intentar acceder a ellos, también según Transsa.

Esta ONG, en colaboración con otras, finalmente pudo conseguir ayudas para algunas mujeres transgénero.

Las autoridades tampoco aplicaron un protocolo nacional para la investigación de la tortura, pese a los indicios que Amnistía Internacional había presentado en 2019 a las autoridades que indicaban que la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura y otros malos tratos.

Derechos sexuales y reproductivos

Amnistía Internacional resaltó que el país no despenalizó el aborto, ni siquiera en situaciones en las que el embarazo supusiera un peligro para la vida de la mujer o la niña embarazada, en casos de malformación del feto o cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto.

En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de “Esperancita”, una joven de 16 años que había muerto en 2012 tras haberle sido negado por estar embarazada el tratamiento que podía haberle salvado la vida frente a una leucemia.

Violencia contra las mujeres y niños

El número de denuncias de violencia de género descendió significativamente en las primeras semanas del toque de queda, según la información aparecida en los medios de comunicación.

Esto hizo temer que las mujeres estuvieran sufriendo violencia en silencio en un país que presentaba una de las tasas más elevadas de homicidios de mujeres por motivos de género del mundo según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la ONU.

Entre enero y diciembre se produjeron 130 homicidios de mujeres, 66 de los cuales fueron feminicidios, según los datos preliminares publicados por la Procuraduría General

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