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Inspectoría del ministerio publico solicita suspensión procurador corte de Montecristi

La Inspectoría General del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior del órgano persecutor la suspensión de sus funciones del procurador de corte Antonio Báez Tapia por incurrir en “faltas graves” y “muy graves” al litigar en un caso de implantación de drogas en una barbería de Villa Vásquez.

La petición fue presentada a la procuradora general Miriam Germán Brito y a los demás miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.

El procurador adjunto Juan Medina, inspector general, solicitó el pasado 16 de mayo la suspensión del procurador de corte Antonio Báez Tapia por ejercer sus funciones “indebidamente, al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución”.

Plantea que dicho representante del Ministerio Público incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público (número 133-11), por “no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado”, por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña.

Báez Tapia retiró los cargos además contra el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, el capitán Juan de Dios Heredia Martínez y el cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, de la Policía Nacional y adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como contra el cabo de la fuerza aérea Juan Antonio Arias Peguero.

La ex fiscalizadora y los cuatro agentes antinarcóticos fueron procesados por implantar drogas en el allanamiento a una peluquería ubicada en Villa Vásquez, en agosto de 2019, un hecho que quedó registrado en un vídeo conocido por toda la población.

Asimismo, el inspector  Medina solicitó la suspensión contra el fiscalizador de San Francisco de Macorís, Engels Luis Polanco Henríquez, quien tenía su cargo un expediente sobre el asesinato a una mujer, en el que presuntamente incurrió en irregularidades.

Estableció que el fiscalizador  ha ejercido sus funciones “indebidamente” al “incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público”.

El fiscalizador tenía a su cargo  un caso de una mujer asesinada de 351 cuchilladas.
Indica que dicha postura se aleja aún más de la lógica cuando se toma en cuenta que el propio Polanco Henríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la referida medida de coerción de prisión preventiva que cumple Eusebio Rosario Hernández (Eddy), imputado, junto a un hijo menor de edad, del crimen de Carmen Paulino Gabriel (Rafelina), ocurrido en San Francisco de Macorís en junio de 2021.

Señala que, precisamente el 22 de febrero, el fiscalizador argumentaba sobre la falta de presupuestos que presentaba la defensa de Rosario Hernández y sostenía que se mantenían las circunstancias que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva contra el imputado.

Sin embargo, el 18 de este mes, el mismo fiscalizador varió su criterio “ante el conocimiento de una revisión de medida de coerción oficiosa, en la que tampoco se presentaron presupuestos que garantizaran la presencia de dicho imputado a los demás actos del proceso”.

El inspector Medina de los Santos señala, además, que el caso no se acogía al artículo 241 del Código Procesal Penal, sobre el cese de la prisión preventiva. Sobre ese particular, indicó que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había llegado a su término, sino que se cumplía el 07 de junio, “por lo que no se justifica que sea el fiscal que solicite la variación de la medida de coerción, por el vencimiento de un plazo que todavía no

               Y PIDEN INVESTIGAR OTRO DE UN SIN NUMEROS DE CASOS EN LOS QUE LA MAGISTRADA, CARMEN LISSET NUÑEZ PEÑA,  INCURRIO EN COMPAÑIA DE SUS ESPALDEROS DE LA DNCD EN EL NOROESTE DEL PAIS CONTRA PERSONAS QUE SE DEDICABAN AL CONTRABANDO DE MERCANCIA DESDE HAITI.

Dajabón República Dominicana.-Decenas de residentes de esta provincia solicitaron a la procuradora general de la Republica, Mirian German Brito, disponer una exhaustiva investigación acerca de las supuestas actuaciones indecorosas de la fiscal Carmen Lisset Núñez y de miembros de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD).

En un documento remitido a este diario denuncian varios hechos delictivos en los que habría participado la fiscalizadora citada junto a efectivos de la DNCD, los que solicitan sean investigados a profundidad.

Hace unas semanas el Tribunal Colegiado del departamento judicial de Montecristi descargó a la citada fiscal y a varios agentes de la DNCD, quienes guardaban prisión bajo la acusación de colocar drogas en una peluquería del municipio de Villa Vásquez durante un allanamiento.

Además de, Carmen Lisset Núñez, fueron liberados de cargos los agentes de la DNCD Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Juan de Dios Heredia Martínez, Adán Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, quienes habían sido acusados de abuso de autoridad, asociación de malhechores y falsedad en escritura pública, por colocar drogas en mencionada peluquería.

Los denunciantes remitieron varias fotografías a este diario “para que puedan palpar las reales evidencias a través de las gráficas y estén enterados de los hechos vergonzosos de la flamante fiscalizadora y sus aliados de la DNCD, vergonzosamente liberados por supuesta falta de pruebas”.

“Reclamamos para tranquilidad de los dajaboneros que la procuradora Mirian Germán ordene una investigación independiente y seria sobre las actuaciones de la fiscal como de sus aliados en las fechorías”, señalan.

Agregan que “esta magistrada se dedicaba a interceptar, en compañía de sus espalderos de la DNCD, a contrabandistas que salían cargados de mercancías de contrabando desde Dajabón a Santiago y a su regreso de Santiago, eran esperado y perseguídos para despojarlos del dinero”.

 

“En una de las gráficas que forma parte de las evidencias de los hechos denunciados, se palpa perfectamente la imagen de la fiscalizadora y sus espalderos de la DNCD unos de un sin numeros de casos que la funcionaria judicial participó. Se trata de uno de los hechos cometido en el 2015 cuando en unos matorrales del municipio de las Matas de Santa Cruz, de la provincia de Montecristi, donde el joven, José Esmerlin Estévez, fue emboscado, le dieron un balazo en la columna y lo dejaron por muerto en dichos matorrales despojandolos de la cantintidad de 120.000 pesos de las ventas que iso de la mercancia en santiago”, denuncian.

Agregan que “a él ese grupo dirigido por la fiscalizadora lo despojó de 120 mil pesos y ese muchacho desde esa época, está en silla de ruedas en casa de su abuelo el comerciante, Marino Estévez, residente en la calle Capotillo de sector Benito Monción de Dajabón”.

Lamentan que pese a los esfuerzos para que se haga justicia nada se ha podido lograr hasta el momento, “razón por la que nos dirigimos a la procuradora general con la finalidad de que investigue a esa funcionaria judicial y a los agentes que le apoyan de la DNCD”.

 

 

 

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